21 municipios presentan alegaciones al bono eléctrico estatal

Los Ayuntamientos de Barcelona, Santiago de Compostela, A Coruña, Madrid, Cádiz, Valencia, Córdoba, Pamplona, Zaragoza, Alicante, Palma de Mallorca, Puerto Real, Rivas Vaciamadrid, Santa Perpètua, Sant Feliu de Llobregat, Montcada, Pallejà, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, El Prat de Llobregat y la Diputación de Barcelona han presentado de forma conjunta sus alegaciones al proyecto de real decreto a través del cual el Ministerio de Energía del Gobierno regula el bono social y la figura del consumidor vulnerable.

Estas administraciones entienden que el proyecto que ha elaborado el ejecutivo del PP no resuelve la problemática de la pobreza energética ni da respuesta a las miles de familias que se encuentran en esta situación.

Las ciudades lamentan que el proyecto del gobierno central anteponga la protección de las compañías eléctricas en detrimento del consumidor vulnerable, porque la defensa de estas familias que podrían encontrarse en riesgo de exclusión social se supedita a la existencia previa de una Administración Pública que asuma por adelantado el pago de las facturas pendientes, y porque además deja en las empresas comercializadoras la prerrogativa de determinar la condición de vulnerable del consumidor.

Frente a este modelo, los 21 municipios que presentan las alegaciones piden trabajar por un cambio de modelo energético que ponga la garantía de acceso a los servicios básicos de la ciudadanía por delante de los beneficios económicos de las grandes empresas.

Además, denuncian que la reforma contempla diversos criterios cuestionables desde el punto de vista de diseño de las políticas sociales. Como ejemplo, el hecho de que el Gobierno calcule de antemano que el bono social lo pedirán tan solo un 45% de las personas que podrían recibirlo. «Diseñar una ayuda sabiendo que el 55% de los potenciales beneficiarios no la recibirán nunca es el reflejo de una escasa sensibilidad social», condenan. De hecho, los descuentos previstos en la factura energética que recoge el bono social oscilan entre un 25% y un 40% en función del grado de vulnerabilidad del beneficiario, mientras que las ciudades consideran que debería bonificarse el 50% y el 100% de un consumo energético básico que permita a las familias disfrutar de una vida digna.

También considera que el Gobierno ataca frontalmente al principio de precaución «que debería primar en el corte de suministros, al entender que ésta es la manera más eficaz de evitar accidentes domésticos y eventuales tragedias».

Los municipios entienden que se vulnera este principio porque el Gobierno fija un criterio restrictivo de renta y establece dos criterios adicionales que no están vinculados con la situación económica familiar: estar atendido por los servicios sociales (solo un porcentaje pequeño de las familias que sufren pobreza energética están atendidas en estos servicios) y que la administración autonómica o local financie al menos el 50% de las facturas impagadas y futuras.

«La arbitrariedad llega hasta el punto que el decreto incluye al conjunto de familias numerosas en la categoría de vulnerabilidad, automáticamente y sin tener en cuenta su renta, por lo que se podría dar el caso que una familia numerosa con una renta alta sea considerada vulnerable y se vea bonificada en sus recibos mensuales», alertan los 21 municipios que han presentado las alegaciones al Real Decreto del gobierno.