Andalucía contará, a propuesta de Podemos, con una Comisión de la Verdad dentro de la Ley de Memoria Democrática

España es uno de los 96 países firmantes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas. Este tratado reconoce «el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin» y obliga a nuestro país «a tomar las medidas adecuadas a este respecto».

En España hay más de 150.000 desaparecidos y más de 2.232 fosas documentadas de las que sólo 390 han sido abiertas, según los datos de la Plataforma de la Comisión de la Verdad en un Informe al Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones forzadas de 2013.Todas esas víctimas, sus familias y la sociedad tienen derecho a la verdad, a que se esclarezca qué les ocurrió. Es un derecho humano fundamental que hemos ratificado a través de los tratados internacionales.

Las desapariciones forzadas son un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca y las víctimas tienen derecho a la justicia y la reparación.

Andalucía, pionera

Andalucía ha dado un primer gran paso para garantizar los derechos a las víctimas que les ha negado el Estado español todos estos años.

El pasado 16 de marzo, los votos de Podemos, IU y PSOE hicieron posible la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que contempla -a propuesta de Podemos- la creación de una comisión de carácter independiente para elaborar un informe sobre lo sucedido en la Guerra Civil, la Dictadura y años posteriores en Andalucía y que será enviado a una futura comisión de la verdad nacional.

Desde Podemos Andalucía se ha pedido perdón por llegar tarde. “Llegamos tarde, pero el tiempo transcurrido no puede ser excusa para no honrar a quienes dieron la vida por defender la democracia, la justicia y la libertad”, han señalado desde la formación que pide, además, una dotación presupuestaria de ocho millones de euros anuales durante los próximos años para cumplir la ley.

Contenidos de la Ley

Entre otras novedades, la ley amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares, los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas.

Refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática. Incluye su estudio en los currículos educativos, y faculta a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.

Asimismo, establece la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.