Cádiz se convierte en junio en la capital de la lucha de los municipios contra la deuda ilegítima

El primer fin de semana de este mes Cádiz se convirtió en la capital de la alianza de los gobiernos municipales del cambio contra el yugo de la deuda. Los días 2, 3 y 4 de junio tuvo lugar en nuestra ciudad el II Encuentro Municipalista Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, al que acudieron representantes de 77 municipios de todo el Estado español, después del primer encuentro celebrado en Oviedo el pasado noviembre. La Casa de Iberoamérica fue en esta ocasión el espacio que acogió el evento.

Unidad frente a la Ley Montoro

El espíritu y los objetivos que animaban este encuentro se evidenciaron en el acto público con el que arrancó el viernes por la tarde, un acto presentado por Iolanda Fresnillo, de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), y que contó con las intervenciones de Jose Mª González, alcalde de Cádiz, y los concejales Fátima Pontones (Sí se puede Puerto Real), Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid) y María Rozas (Compostela Aberta), así como del politólogo Éric Toussaint, portavoz de la CADTM, que más recientemente ha sido coordinador científico de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega.

Unidad frente a ley Montoro, frente a las políticas de austeridad, frente a la centralización administrativa y a los constantes obstáculos a la soberanía municipal. Unidad, valentía y audacia para combatirlos. Este podría ser el resumen de las intervenciones del acto de presentación.

Es necesaria la unidad para combatir una ley injusta, la ley Montoro, que asfixia los municipios y dificulta la inversión en políticas sociales, pero que también funciona como mecanismo para “disciplinar” y someter a los ayuntamientos, como apun-tó José Mª González en su intervención: “Quienes defienden estas políticas no consienten que los pueblos y las ciudades puedan decidir democráticamente”. Además, la lucha contra le ley Montoro supone, en palabras del alcalde, “hacer valer el mandato democrático que recibimos hace dos años de millones de personas de este país”, en referencia a la llegada a los ayuntamientos de los gobiernos municipales del cambio.

Una ley que busca, como dijimos, el sometimiento de los gobiernos municipales. Lo que se comprueba no ya en municipios como Puerto Real, intervenido por el gobierno central a causa de la deuda, lo que deja al gobierno municipal “con las manos muy atadas”, en palabras de Fátima Pontones, sino incluso en los municipios con superávit, caso de Santiago de Compostela. Su concejal, María Rozas, denunció las dificultades que su gobierno encuentra para invertir ese dinero en políticas sociales, pues el ministro Montoro “nos dice que antes está la deuda de los bancos que hacer políticas para las personas.” Y esto no solo sucede en Santiago: “En 2016 la suma del superávit de los ayuntamientos de España supera los 7.000 millones de euros. En los últimos cinco años ha superado los 26.000 millones de euros. Con este dinero podían haberse creado cientos de miles de puestos de trabajo. Pero no se hizo.” Para Rozas, lo que se busca en última instancia es la privatización: “que no se pueda garantizar que se presten los servicios públicos a través de lo público”.

Hubo acuerdo en calificar la lucha contra la deuda municipal como de una labor conjunta, pero no solo entre gobiernos municipales, sino también con la ciudadanía. “Sin la pata ciudadana no conseguiremos nada”, defendió Carlos Sánchez Mato. Hay que hacer pedagogía para explicar a la gente el problema de la deuda y “que el ciudadano también haga presión”, en palabras de Pontones. Es más: el politólogo Éric Toussaint, todo un referente en el estudio de la deuda ilegítima, defendió que le objetivo último de estas auditorías debe ser “movilizar a la ciudadanía”.

Aprendizaje colectivo

La jornada del sábado se estructuró mediante una serie de talleres, concebidos como espacios de formación, debate y búsqueda de estrategias conjuntas, en los que se abordaron ya cuestiones específicas: la fiscalidad municipal, la remunicipalización de servicios, la relación entre deuda y banca pública, y auditoría ciudadana de la deuda.

Los dos últimos suscitaron especial expectación. El taller sobre remunicipalización de servicios públicos tuvo lugar una semana después de la aprobación definitiva en el Ayuntamiento de Cádiz del rescate de los servicios de playa. En el mismo, en el que se denunciaron los obstáculos que se imponen desde el gobierno central a los procesos de remunicipalización, se destacó, además, la importancia de implicar a los trabajadores y trabajadoras desde el inicio del proceso, además de a la sociedad civil. El taller concluyó con, entre otras propuestas, la creación de una suerte de “guía de remunicipalización” a partir de las experiencias que vayan teniendo lugar. Por otra parte, en el taller sobre la auditoría ciudadana de la deuda municipal, que tuvo una dimensión fundamentalmente práctica, se realizó una propuesta similar: la puesta en común de una “guía de auditorías” para facilitar la puesta en marcha de futuros procesos en nuevos municipios.

El encuentro concluyó el domingo con un nuevo acto público en el que se expusieron las conclusiones de los talleres, y en el que David Navarro, nuestro concejal de Hacienda, recordó a los representantes de los distintos gobiernos municipales presentes en el encuentro que “nos unen políticas comunes, problemas comunes e ilusiones comunes”.