Cádiz y Puerto Real presentan una guía de inclusión de cláusulas sociales en sus contratos

  • Además de la oferta económica, se valorarán criterios sociales para la inserción laboral de los sectores más vulnerables de la población
  • Existe una Directiva Europea en este sentido que no se está cumpliendo

El pasado 20 de abril, los Ayuntamientos de Cádiz y Puerto Real daban un paso más para que las licitaciones que saquen reviertan al máximo posible en el bienestar de sus vecinas y vecinos.

Ese día, el alcalde de la ciudad, José María González; junto con el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, el expresidente de la European Network of Social Integration Enterprises, Ignacio Parody y el director de Coordinación de Contratación Administrativa del Ayuntamiento de Barcelona, Francisco Blanco, presentaron la instrucción de inclusión de cláusulas sociales en los contratos de obras, servicios y suministros que aplicarán las dos administración públicas en la adjudicación de próximos contratos.

Esta guía pasará a ser un decreto que haga que las empresas que quieran conseguir contratos de estos ayuntamientos reserven una cuota para la inserción laboral de las personas más vulnerables como pueden ser parados de larga duración, personas con diversidad funcional o que estén en situación o riesgo de exclusión social.

La European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE) reúne a 26 redes regionales y nacionales de diferentes países europeos y tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible de la UE a través de la integración laboral de grupos de riesgo, la viabilidad económica de las empresas de economía social y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Su expresidente, Ignacio Parody destacó que «la crisis ha disparado la desigualdad y los problemas y este documento no resolverá el paro que tiene Cádiz pero sí podrá ser un instrumento y un punto de partida para mejorar las condiciones y el acceso a un empleo de las personas más vulnerables”.

Parody también explicó que este documento «contempla tres bloques de requisitos de cláusulas sociales entre las que se encuentran la equiparación del acceso al trabajo entre hombres y mujeres, el respeto al salario, las condiciones laborales y la aplicación del convenio y la seguridad y la salud laboral».

Economía solidaria

Por su parte, el primer edil gaditano subrayó que “esta orden de instrucción se enmarca dentro de una estrategia más amplia de fomento de la economía social y solidaria de la que ésta es una herramienta más al igual que los microcréditos o las políticas de inclusión socio-laboral”.

Desde el Ayuntamiento de Puerto Real, su alcalde, Antonio Romero, insistió en que “tenemos que quitarnos los complejos como institución. La rentabilidad económica puede ir acompañada de la rentabilidad social”.

Durante la presentación, el director de Coordinación de Contratación Administrativa del Ayuntamiento de Barcelona, Francisco Blanco, insistió en el papel que deben tener las administraciones como garantes de que sus vecinos y vecinas tengan mejores condiciones de vida. “En las administraciones públicas se debe prescindir del economismo y de que las empresas luchen por presentar la oferta más barata», explicó Blanco. «Las administraciones públicas deben ser motor de la economía social y dejar de promover las ofertas temerarias», insistió.

Directiva europea

Este criterio es compartido por la UE que en la Directiva  sobre coordinación de los procesos de adjudicación de los contratos insta a las administraciones a adjudicar sus contratos en base a criterios que  satisfagan las necesidades de la población especialmente vulnerable.

Esta acción “se enmarca dentro de una dinámica global de diversas instituciones», explicaba a este respecto el Alcalde de Cádiz. «Existe una directiva europea que el Gobierno Central no ha sabido todavía encaminar; pero, no por ello, como institución, podemos dejar de desarrollar este aspecto, más aún cuando va en beneficio de la sociedad”, concluía.