El Gobierno del PP no ha tenido en cuenta las alegaciones al bono estatal que presentaron 21 Ayuntamientos

El Gobierno del PP ha aprobado una reforma del bono estatal de 2009, ignorando la mayor parte de las alegaciones presentadas por 21 Ayuntamientos. Solo ha incluido el criterio de renta, aunque no en todos los casos, y el establecimiento de límites de consumo.

Así, el reformado bono social estatal, que sólo podrá ser ofrecido por las comercializadoras de referencia (en su mayoría, las del oligopolio), bonificará 25% de la luz a las familias numerosas, independientemente de su renta.
Este bono estatal penaliza a las pequeñas comercializadoras con muchos usuarios domésticos como es el caso de Eléctrica de Cádiz. La empresa mixta gaditana tiene que contribuir al sostenimiento del bono con 400.000 euros al año por un bono que no puede ofrecer.

Cádiz elaboró alegaciones al bono, entre las que estaba que cualquier cliente de cualquier comercializadora pudiese accecer al mismo, sin ser discriminado y que las comercializadoras contribuyeran a su coste en base al volumen de negocio. Pero el PP no las ha tenido en cuenta.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncian las «lagunas y efectos perversos» de esta medida. Entre otras cuestiones, los profesionales de los servicios sociales consideran que el PP no ha incluido ninguna partida presupuestaria para el bono. El PP, según esta asociación, «ha obviado y ninguneado los sistemas de protección» existentes. Denuncian también que con esta reforma de un bono recurrido varias veces ante los tribunales «se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales».

«Es una norma antipedagógica y paternalista», condenan. «Asumir la obligación de pago directo desde la administración no es buen camino», añaden. Los trabajadores de servicios sociales consideran también que «es muy parcial en su protección».