Entrevista a Rafael Mayoral, abogado especializado en vivienda y diputado de Unidos Podemos

Nuestro país en este momento está fuera de la ley en materia de vivienda, no sólo por las cláusulas suelo

Rafael Mayoral es diputado de Unidos Podemos. En el Congreso es, entre otras ocupaciones, vocal de la Comisión de Energía y adscrito de la Comisión de Economía. De formación es abogado y antes de llegar a las instituciones fue asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, trabajó con colectivos afectados por las hipotecas y problemas relacionados con el derecho a la vivienda y participó en la redacción del Recurso de Inconstitucionalidad de la PAH contra la Ley 1/2013, además de en diferentes denuncias penales contra la banca por la comercialización de hipotecas tóxicas. Aprovechamos su visita a Cádiz, para dar a conocer el Plan Industrial que reclama su formación en el Congreso, para comentar con él la situación del derecho a la vivienda en nuestro país.

P: El tema de vivienda parece haber salido de la agenda mediática. ¿Se ha solucionado?

R: El problema cambia. Es cierto que se han reducido el número de ejecuciones hipotecarias y es cierto que existen algunos medios más de defensa en el marco del procedimiento. Sigue habiendo desahucios, pero sí es cierto que se han conseguido importantes avances a través de la lucha social, aunque todavía nuestro país sigue incumpliendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos referidas a los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Y, además, nos estamos encontrando con otro problema: que hay mucha gente que ya está en la calle y que existe un problema serio de acaparamiento de viviendas, tanto de entidades financieras como de fondos buitre. Es decir, hay una situación de emergencia habitacional invisibilizada.

El derecho a la vivienda incluye seguridad en la tenencia y acceso a los suministros básicos

Y luego hay otra cuestión que está también ahí y que es la cuestión de la burbuja de los alquileres. Es decir, que el problema de la vivienda sigue ahí y lo tenemos que abordar desde el punto de vista de los derechos porque cuando se habla de vivienda hay que hablar de una vivienda digna y adecuada que dé seguridad en la tenencia y con acceso garantizado a los suministros (agua, luz y gas). El derecho a la energía y del derecho al agua, que son dos elementos fundamentales para la vida de las personas, en estos momentos se encuentran en manos de grandes corporaciones que, como hemos podido ver en este invierno, no tienen ningún decoro tanto en cortarle la luz a la población más vulnerable como en meterle la mano en el bolsillo a la inmensa mayoría de la población y eso es algo que más tarde o más temprano tendremos que abordar.

P: En relación a eso, el Congreso convalidó el bono eléctrico estatal que pone en aprietos a pequeñas comercializadoras como la de Cádiz, ¿qué valoración haces de esa medida?

R: Es un golpe cosmético que se escenifica con una foto entre el ministro Nadal y Antonio Hernando que se ha convertido en el ministro de maquillaje social del gobierno de la triple alianza. Han hecho algo para poder salir del paso que es un ataque directo contra las pequeñas, contra las que están comercializando energías renovables, en protección nuevamente de las grandes corporaciones. Algo absolutamente inadmisible desde un punto de vista democrático.

P: ¿Cuál es tu valoración de la sentencia del TJUE sobre las cláusulas suelo?

R: La sentencia viene a decir lo que opina cualquier estudiante de derecho que haya aprobado Civil 1 que es que en derecho no opera eso de “Santa Rita, Rita, lo que se da, no se quita” que es la doctrina que se había adoptado en España. Nos viene a decir una cosa muy sencilla: que si la cláusula suelo es nula, todas las cuantías cobradas en ese concepto deben devolverse. El problema que tenemos es que durante los últimos años el gobierno no ha querido cumplir la ley. No lo hizo con la sentencia del caso Azis (que declaró contrario al derecho de la Unión Europea la normativa española que impedía al juez suspender una ejecución hipotecaria en marcha cuando existe una cláusula abusiva), sigue sin hacerlo; no lo hizo con la sentencia Sánchez Morcillo (que declaró que la Ley 1/2013 favorecía sólo a las entidades financieras en su sistema de recursos, vulnerando el derecho a la defensa al permitir que sólo estas recurrieran las decisiones del juez sobre cláusulas abusivas), sigue sin hacerlo; no lo hizo con la sentencia Peñalva (que estableció que el plazo extraordinario de un mes de la Ley 1/2013 para oponerse por cláusulas abusivas, y que comenzó a correr con la publicación en el BOE no asegura una efectiva protección a los consumidores), sigue sin hacerlo, no lo ha terminado de hacer con la sentencia de la cláusula suelo de 21 de diciembre y veremos a ver qué hace con la sentencia de 26 de enero de vencimiento anticipado.

Si hay un expediente sancionador, no lo va a pagar la señora Botín, sino la clase trabajadora de este país

P: ¿Y del decreto del Gobierno que establece un procedimiento extrajudicial?

R: La sentencia relativa a las cláusulas suelo ha tenido como resultado un acuerdo vergonzante entre el PP y el PSOE que ni siquiera el PSOE se ha atrevido a votar a favor, una cosa de locos. Hemos vuelto a ver cómo el gobierno con la connivencia del partido naranja del Ibex y del partido del maquillaje social plantean un mecanismo extrajudicial, donde le dicen a la gente: “vaya usted que aquellos que se quedaron con su dinero le van a informar de cuánto dinero le tienen que devolver”. Hay otra manera. Nosotros le dijimos en sede parlamentaria que había una cosa muy sencilla que se podía hacer: aparte de pagar las costas, sancione usted. Es decir, si hay mala fe puesto que usted no devuelve el dinero que ha cobrado indebidamente y que debiera hacer de motu proprio una vez que se conoce la sentencia, no solamente le voy a condenar en costas, sino que también le voy a poner una multa. Eso existe en el ordenamiento jurídico, se podría haber incluido, el problema es que evidentemente no lo han hecho porque el objetivo de este Real Decreto era amortiguar los efectos de la sentencia.

Hay un incumplimiento reiterado de la normativa europea en esta materia para proteger a sus amigos los banqueros, pero ahí el gobierno tiene un doble problema: que se han ensañado con la gente y que están poniendo en peligro el país. Están poniendo en peligro el país porque el incumplimiento reiterado puede ser causa para la apertura de un expediente sancionador y te puedo asegurar que si hay un procedimiento sancionador no lo va a pagar la señora Botín, sino que lo vamos a pagar tú, yo y resto de la gente trabajadora de este país. Nuestro país en este momento está fuera de la ley, no está cumpliendo la legalidad europea, no solamente con la cláusula suelo, sino también con la cláusula de vencimiento anticipado, con los procedimientos judiciales, con las formas de notificación y otra serie de ilegalidades.

Y una cuestión que a mí me parece importante y que, además, el real Decreto no refleja en ninguna parte: resulta que si tenías una cláusula suelo te han cobrado mucho dinero indebidamente y hay una pregunta por responder: ¿a cuánta gente han echado de su casa y condenado a una deuda perpetua cuando era el banco el que le debía dinero a ellos y no ellos al banco? Nosotros hemos planteado que eso significa que ha habido violaciones de derechos y que frente a esas violaciones de derechos, tiene que haber un restablecimiento de la verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación y tiene que haber mecanismos para que estos hechos no se repitan.

¿A cuánta gente han echado de su casa cuando era el banco el que le debía dinero a ellos?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llegado a decirnos que el procedimiento español viola el derecho a la tutela judicial efectiva. Eso debía haber hecho saltar todas las alarmas. Hay un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido también al procedimiento de la ejecución hipotecaria en el que se habla de que no hay mecanismos de defensa en el marco del procedimiento español y que insta a modificar la legislación y a hacer pública su resolución. Ni han modificado la legislación ni ha hecho pública la resolución. Yo creo que tenemos que abordar el reconocimiento de que aquí se han producido abusos masivos contra la población, que la responsabilidad es de las entidades financieras y que tienen que responder por lo que han hecho contra nuestro pueblo.