Los estibadores del Puerto de Cádiz temen los despidos y la pérdida de derechos laborales

«La UE denuncia a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, no a los estibadores»

En el pasado Pleno se aprobó por unanimidad una propuesta del Equipo de Gobierno que incluía dos medidas a favor de los estibadores. La primera, instar al Gobierno central a adquirir el compromiso de que cualquier modificación normativa que afecte a las condiciones laborales de la estiba cuente con la aprobación de los propios trabajadores. Y la segunda, apoyar a los estibadores, y en especial a los de la Bahía de Cádiz, en las diferentes acciones que consideren necesarias para defender las condiciones de sus puestos de trabajo. Además, el grupo provincial Sí Se Puede Cádiz logró también en el pleno de Diputación que la institución mostrara su apoyo al colectivo.

El 11 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública una sentencia en la que obligaba a España a liberalizar el sector de la estiba. El Gobierno central ha llegado tarde, cuando trabajadores y patronal casi habían alcanzado un acuerdo, y ha sacado un decreto ley al margen de estas negociaciones.

Con este decreto, los trabajadores de la estiba temen perder sus puestos de trabajo y ver precarizadas sus condiciones laborales. En El Mentidero hemos hablado con tres estibadores del puerto de Cádiz para conocer de primera mano sus condiciones laborales, cómo les afecta este decreto y qué tipo de movilizaciones van a llevar a cabo para pararlo.

Más de tres millones seiscientas mil toneladas de mercancías se cargaron y descargaron en el Puerto de Cádiz el año pasado.

Los encargados de realizar este trabajo son los 48 estibadores (47 hombres y una mujer) que ahora ven peligrar sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales.

Juan Pablo Bermúdez lleva desde que era pequeño en el muelle y su padre le decía «no seas más tonto ya» cuando aseguraba que quería ser portuario. Leandro García ya lleva 11 años fijo, pero empezó a trabajar en la estiba a los 17 años. Cuando ellos entraron, había 120 hombres trabajando en la estiba, pero antes de que empezaran las reconversiones en los años 80 con los gobiernos socialistas llegaron a ser unos mil doscientos. Fernando Aragón es el que lleva menos tiempo, en 2012 lo hicieron indefinido después de un tiempo como eventual. Son tres de esos 48 estibadores del puerto de Cádiz que ahora temen por sus empleos con el Real Decreto Ley con el que el gobierno del PP pretende liberalizar la estiba.

Sentencia del TJUE

La legislación española establece que cada puerto debe crear una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), responsable de contratar a los estibadores y de que éstos estén disponibles. Todas las empresas de estiba están obligadas a formar parte de esta SAGEP y a participar en su capital. En el caso de Cádiz, integran esta sociedad empresas como Acciona, Concasa, Ership o TPC.

En 2014, el Tribunal Superior de Justia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal este sistema y obligó a España a liberalizar el sector.

«La sentencia denuncia a las SAGEP, no nos denuncia a nosotros como estibadores», afirma Fernando.

«La anterior ministra, Ana Pastor nos dijo ‘yo aquí no entro, ponerse de acuerdo con la empresa y traerme un acuerdo que cumpla con la sentencia’ y al final cuando estábamos a punto de conseguir un acuerdo con la patronal, el Gobierno sacó el decreto y partió toda la negociación», explica, por su parte, Leandro.

Despidos y precariedad

Los estibadores temen que el decreto del gobierno del PP los deje en la calle. «Nos liquidan, nos despiden y a partir de ese momento el que quiera pasarse al Centro de Empleo Portuario ‒que va a sustituir a la SAGEP‒, pero ya sin acuerdo marco, sin convenio colectivo», asegura Juan Pablo. «Aparte del CEP, ya pueden aparecer las empresas de trabajo temporal puras y duras como Adecco o Randstad que ya se están preparando para entrar en el mercado», añade.

Y, a partir de ahí, explican estos tres trabajadores, los barcos pueden llegar con un gruísta contratado en un país del tercer mundo por 300 o 400 euros al mes y descargar el barco. «Ya los tienen explotados en el barco y los quieren tener explotados dentro del muelle», dice Fernando.

Derechos, no privilegios

Cada mañana, a las 7 y después a las 12, los estibadores acuden al «nombramiento» para saber si van a tener o no faena. «Disponible tenemos que estar todos los días, lo que no nos aseguran son los turnos». No pueden saber si van a trabajar o no ese día hasta que a las 12 de la mañana se reparten todos los barcos. Para asegurarse de que ninguno trabaja más turnos que otro compañero tienen un lista rotatoria que empieza por el último trabajador que se quedó sin turno el día anterior.
En función de la cantidad de turnos que realicen, así será su salario a final de mes. «En Cádiz, quitar la ficha para trabajar es una locura porque es que yo pierdo un turno hoy, pero no sé si lo voy a recuperar mañana», nos cuentan.

«Que quede claro que nosotros pertenecemos a empresas privadas, que la contratación la hacen las empresas privadas y que nuestro salario va en función de nuestro trabajo», asegura Fernando. «Los salarios están pactados en convenio, en una mesa de negociación con la otra parte y están las dos partes de acuerdo», apostilla Leandro. «Cada puerto tiene un convenio local que se negocia y nosotros la ventaja y el privilegio que tenemos con respecto al resto de trabajadores es que nuestro convenio se respeta y que tenemos la unidad suficiente para hacer valer los derechos», asegura Juan Pablo.

Saben que se les viene encima tiempos complicados y que el Gobierno no se lo va a poner nada fácil, pero están dispuestos a dar la pelea. «Si llamaran a las 8 de la noche y dijeran ‘nos ponemos en huelga’, nos ponemos en huelga porque es perfectamente legal y está convocada».