La educación pública andaluza: una hemorragia que no cesa

La imagen de la mañana del lunes 25 de julio era idéntica en las delegaciones de Educación de las ocho provincias andaluzas: largas colas de maestros interinos colapsaban estas dependencias, a modo de protesta, para reclamar ese destino para el nuevo curso que, por primera vez, no se les adjudicaba. En total, entre 800 y 1.000 maestros se vieron de repente expulsados de las aulas por la Junta de Andalucía.

El colectivo y varios sindicatos barajan dos hipótesis para explicar lo ocurrido: una nefasta implantación del francés como segunda lengua «a coste cero» (es decir, echando a la calle a maestros generalistas para reemplazarlos por otros con conocimiento de dicha lengua), y un recorte en horas de preparación del conocido como Plan de Bilingüismo. Lamentablemente, Susana Díaz sigue sin ofrecer ninguna explicación después de que, con el apoyo de Ciudadanos, consiguiera evitar el pleno extraordinario que Podemos Andalucía reclamaba en agosto para abordar –entre otros– este tema.

Pero hay que recordar que este no es el primer golpe que han recibido los docentes interinos andaluces. Con el pretexto de la crisis, José Antonio Griñán inició su legislatura, y el curso 2012/13, con la destrucción de 4.502 puestos de profesores de secundaria y bachillerato, en el que seguramente constituya el ERE más brutal que ha tenido lugar hasta el momento en el Estado español.

Ciertamente, la causa primera fue el paquete de recortes que impuso un Mariano Rajoy recién elegido presidente, sobre todo la carga adicional de dos horas lectivas en los horarios de los profesores. Sin embargo, el colectivo de profesores interinos, auto organizado para dar la batalla, y con el apoyo de sindicatos como USTEA y CGT, presentó una serie de propuestas factibles –que incluía la supresión de una agencia de evaluación externa como la AGAEVE o del llamado Plan de Calidad, declarado además ilegal por el TSJA– para evitar esa sangría, apelando al hecho de que la Junta de Andalucía tiene transferidas las competencias educativas. El gobierno socialista, como era de esperar, hizo caso omiso.

La Junta de Andalucía ha expulsado a unos 1000 maestros este curso

Desde entonces, primero con Griñán y después con Susana Díaz, el recorte en docentes ha sido constante, y por todas las vías posibles: demoras para cubrir las sustituciones y vacantes que sobrepasan lo establecido por la ley, el cierre de líneas en los centros educativos públicos, institutos en los que los docentes soportan más carga lectiva de lo legal… Hasta llegar a este nuevo ERE cuyas víctimas ahora han sido los maestros interinos. En todos estos casos la completa responsabilidad es del gobierno andaluz, sin que pueda escudarse en imposiciones del gobierno central.

Pero la precarización que está teniendo lugar en la educación pública no afecta solo a los docentes interinos. Hay otra cara, quizás menos visible, pero no menos dolorosa: la de los trabajadores de los servicios externalizados. Recordemos el caso de las más de 800 monitoras administrativas despedidas por la Junta y finalmente readmitidas, tras un periplo judicial cuya primera sentencia favorable –la de un tribunal de Córdoba– comparaba su situación con la de los esclavos de las plantaciones del sur de EE.UU. El curso pasado fueron los intérpretes de Lengua de Signos quienes hicieron públicas las penosas condiciones laborales que sufren. El imparable proceso de externalización de servicios –que afecta a muchos otros, del comedor o transporte escolar a la limpieza– no hace sino socavar la calidad de los mismos, al tiempo que convierte la escuela pública en generadora de empleo precario al permitir que las empresas sometan a los trabajadores y trabajadoras a unas terribles condiciones laborales y les paguen salarios irrisorios.

¿Quiénes sufren las consecuencias de esta situación? La sociedad en general. Y, sin duda, ciudades como Cádiz de forma especial.

Evidentemente, la primera víctima es el alumnado que, ante la falta de profesorado, se encuentra en muchos casos hacinado en aulas masificadas, frente a docentes desbordados que no pueden ofrecer una atención individualizada. Un deterioro que, además, sufre con especial dureza el alumnado de una ciudad azotada por el desempleo y la pobreza, y que por tanto necesita de unos servicios públicos fuertes.

Pero también tiene importantes consecuencias sobre la economía de la ciudad, pues lo tiene sobre el empleo. Cuando se conoció este verano la nueva sangría de docentes, un medio digital se hizo eco de la historia de un afectado por el cierre de Delphi que, posteriormente, cursó la carrera de Magisterio y empezó hace tres cursos a trabajar como interino, y que ahora se ve otra vez en la calle con este nuevo ERE. Su drama personal constituye la perfecta metáfora de las consecuencias especialmente lesivas que la precarización y la destrucción del empleo público –en educación, pero también en sanidad y en las diversas administraciones– tienen sobre una ciudad desindustrializada como la nuestra, gracias a las pésimas políticas de los sucesivos gobiernos centrales y autonómicos.

Sin embargo, parece que este último ERE está reactivando la lucha contra los recortes en la educación pública andaluza. Manifestaciones impulsadas por una demanda concreta están sirviendo para hacer oír otra vez la voz de la calle contra los recortes en educación, contra todos los recortes, los del gobierno central y el autonómico. He aquí el camino, y la tarea para este nuevo curso: volver a tomar las calles e inundarlas de verde para luchar por lo que es de todas y todos. En este sentido, el próximo día 26 de octubre, la comunidad educativa y la sociedad en general tenemos una cita ineludible con la lucha por la educación pública. En las calles nos vemos.

Una profesora del IES Cornelio Balbo ha sido expedientada 'injustamente'
Mercedes Gracia Jos, docente de Matemáticas y Jefa de su Departamento en el IES Cornelio Balbo de Cádiz, ha sido expedientada de forma «absurda y desproporcionada», según denuncian los sindicatos USTEA y CGT.

El curso pasado, la inspectora adscrita al centro solicitó la modificación de algunos aspectos de la Programación Didáctica de Matemáticas. Según el relato de los sindicatos, la docente realizó todos los cambios con diligencia y en los plazos establecidos, «como está probado documentalmente desde Jefatura de Estudios». Pero, al final de curso se le abrió expediente aduciendo la inspectora que la docente se había negado a realizar tales cambios. Lo cual, insisten desde Ustea y CGT, «es sencillamente falso».

Las sanciones a las que se enfrenta ahora la profesora, que cuenta con el apoyo del Claustro y del AMPA, incluyen una suspensión de empleo y sueldo e incluso un cambio forzado de destino, lo que podría suponerle un traslado de residencia. Los trabajadores y trabajadoras del IES Cornelio Balbo han hecho un escrito de protesta y están recogiendo firmas en change.org.