La infrafinanciación provoca que la mayor parte de un presupuesto municipal se destine a pagar nóminas y gastos de funcionamiento

El debate acerca de los presupuestos municipales suele llenar las páginas de los periódicos y consumir bastantes minutos de los informativos tanto en televisión como en radio. Sin embargo, a menudo cuesta seguirlos por lo complicado que resulta tanto el contenido como el proceso de elaboración de los mismos.

Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos de una administración que se presupone se realizarán durante un año (del 1 de enero al 31 de diciembre). El presupuesto municipal, como cualquier otro presupuesto, explica en qué se gasta, cuánto se gasta y cómo se financian esos gastos.

Ahora bien, hay algunas peculiaridades con respecto a cualquier presupuesto doméstico. Por ejemplo, en casa, si tenías 100 euros para comprar unos zapatos y finalmente lo que necesitas es un abrigo, no hay ningún problema. Pero, en un ayuntamiento, los gastos recogidos en un presupuesto deben destinarse al fin para el que se dijo que se iban a destinar. ¿Y qué pasa si no es posible gastarlo en ese concepto? Con la reforma del 135, pactada por PSOE y PP, y la legislación que vino después, el dinero del presupuesto que no se gasta pasa directamente a amortizar deuda. Para evitarlo, existe la posibilidad de hacer una modificación de crédito que debe pasar por pleno y que permite modificar la cantidad o la finalidad de los gastos presupuestados.

Un presupuesto se divide en dos partes: ingresos y gastos; y los gastos no pueden ser nunca superiores a los ingresos.

Ingresos

Al igual que ocurre en la economía doméstica, el cálculo de los ingresos ha de ser realista y basado en el principio de prudencia. Como se puede ver en la infografía de esta página, los ingresos se dividen en tres tipos: las operaciones corrientes, las operaciones de capital y las operaciones financieras.

Cada fuente diferente de ingresos ha de anotarse en su correspondiente capítulo (nueve en total) y cada uno de estos capítulos se dividen a su vez en artículos, conceptos y subconceptos. Como podemos ver, esta forma de organizar la economía de un ayuntamiento se repite también para contabilizar los gastos.

Los ingresos corrientes son los ingresos habituales y repetitivos de cada año e incluyen, en primer lugar, a los impuestos directos (Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica). Como vemos, en el presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz de 2016, estos impuestos representaban el 34,3% del total.

También son ingresos corrientes los impuestos indirectos (IVA, impuesto sobre bebidas alcohólicas, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) que en el caso de Cádiz sólo representan un 2,5%

Además, el Ayuntamiento puede cobrar una serie de tasas y de precios públicos como es el caso de la tasa de basuras o la tasa por las terrazas a los establecimientos. Con esto, el consistorio de nuestra ciudad recauda aproximadamente un 12,1% anual.
También recibe ingresos del Estado (PIE) y de la Junta de Andalucía (PATRICA) a través de lo que se denomina «transferencias corrientes» que, como apreciamos, es la parte más importante del presupuesto (36,7%). Es aquí donde radica el problema de la infrafinanciación de los ayuntamientos ya que el Estado tiene en sus manos mecanismos para obtener más recursos con otro sistema fiscal más justo y progresivo que el actual que haga recaer el peso sobre las rentas del capital y no sobre los trabajadores y trabajadoras. Por último, entre los ingresos corrientes están los ingresos patrimoniales que son el resultado de las rentas de patrimonio del municipio.

Por otra parte, los ingresos de capital incluyen, por un lado, la enajenación de inversiones reales o, lo que es lo mismo, la venta de propiedades del Ayuntamiento; y, por otra parte, las transferencias de capital como pueden ser los fondos de la Unión Europea.

El tercer bloque lo forman los capítulos 8 y 9 que hacen referencia respectivamente a la devolución de fianzas o depósitos inmovilizados y a los créditos con entidades privadas.

Gastos

Los gastos también se pueden clasificar como gastos corrientes, de capital o financieros y también existen 9 capítulos para recogerlos.

Los gastos corrientes son los gastos habituales necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos. Si miramos la infografía, vemos que es aquí donde tiene que dedicarse mayor esfuerzo presupuestario al no contar con suficiente financiación.

En total, el Ayuntamiento de Cádiz gastó el año pasado un 85,8% en pagar los sueldos (capítulo 1, gastos de personal), en suministros (capítulo 2, gastos corrientes), en pagar los intereses derivados de operaciones financieras (capítulo 3, gastos financieros), en las transferencias a empresas municipales y consorcios (capítulo 4) y en el fondo de contingencia al que obliga la ley (capítulo 5).

Si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento tuvo que destinar el 9,7% de su presupuesto a amortizar deudas, estamos hablando de que, por culpa de la infrafinanciación con la que el Gobierno Central castiga a los ayuntamientos, sólo se pudo destinar un 4,5% del presupuesto municipal a inversiones en la ciudad. Ese 4,5% es el margen de maniobra que la legislación y el sistema de financiación deja para realizar cambios en la ciudad.

Endeudamiento

El sistema de financiación de los ayuntamientos está diseñado de tal manera que los obliga a acudir a los bancos si quieren acometer algún tipo de inversión en su ciudad. Todo ello con unos tipos de interés mayores a los que el propio Banco Central Europeo (BCE) financia a las entidades bancarias, con la trampa perversa de que el BCE se nutre de fondos públicos de todos los Estados miembro de la UE, pero las instituciones no pueden acudir a él, sino que tienen que financiarse obligatoriamente en los bancos privados.

Así las cosas, a la hora de endeudarse para poder conseguir recursos, los ayuntamientos pueden acogerse a dos tipos de crédito: operaciones de crédito a corto plazo y operaciones de crédito a largo plazo.

Entendemos por operaciones de crédito a corto plazo las que se devuelven a lo largo del año. Estas operaciones sólo pueden financiar desajustes temporales de tesorería, no pueden figurar en el presupuesto y tienen un límite cuantitativo: no pueden superar el 30% de los ingresos corrientes del ejercicio anterior.

Mientras que las operaciones de crédito a largo plazo deben figurar en el presupuesto como ingresos de capital y destinarse a inversiones o, de forma extraordinaria, a salvar situaciones límite de déficits acumulados, por un período inferior a cuatro años.