Las ciudades reclaman al gobierno del PP 2.000 millones de euros para vivienda en 2018

Los ayuntamiento de Cádiz, Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, La Coruña, Valencia y Zaragoza han presentado de manera conjunta sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021 que está en proceso de tramitación. Una de las principales propuestas que han presentado ha sido dotar a este plan de 2.000 millones de euros de inversión para 2018 y acabar así con la tendencia que se ha venido dando a lo largo de los últimos años de reducción drástica del gasto público en políticas de vivienda. En la actualidad, el gasto destinado a vivienda de la Administración General del Estado supone el 0,059% del PIB (467 millones de euros en 2017).

Las ciudades denuncian que con la tendencia actual de recortes en materia de vivienda (que han supuesto una reducción de 1.000 millones de euros en los últimos 8 años), las políticas públicas de vivienda desaparecerán en 5 años.

La reclamación es que en el plazo de 10 años el gasto se sitúe en el 1,5% del PIB. Este incremento anual permitiría que España se equiparase al resto de países europeos que impulsan políticas más acordes con la vivienda como un derecho fundamental. Los representantes insisten que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la ciudadanía y las que más sufren la falta de recursos públicos de las políticas estatales que permitan garantizar la vivienda como bien de primera necesidad.

Las propuestas presentadas incluyen otras medidas concretas para aumentar el parque de vivienda pública. Por ejemplo, roponen que el Instituto de Crédito oficial disponga de líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda protegida; que desde el Gobierno se dé apoyo para solicitar ayudas europeas, que se establezca un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública, social y asequible o que haya un marco legal para impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso, que garantiza la propiedad pública del suelo.