Los presupuestos del PP reducen la autonomía de los ayuntamientos

La pasada semana, el Partido Popular, con el respaldo del Partido Nacionalista Vasco, consiguió pasar el primer trámite parlamentario para sacar adelante su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Dichos presupuestos no hacen más que avanzar en la senda de austeridad de los últimos años, en dirección opuesta a la recuperación de derechos que debería venir aparejada a una supuesta mejora económica. Así, en continuidad con los presupuestos anteriores, se consolidan recortes y  se reducen los recursos para garantizar los servicios públicos fundamentales. Las políticas de austeridad, de asfixia fiscal y financiera y de control presupuestario puestas en marcha en los últimos años han determinado un creciente aumento de la brecha social, de la desigualdad y de la exclusión social.

En estos presupuestos han sido particularmente maltratadas las comunidades autónomas y las entidades locales, tanto en lo relativo a financiación como por las inversiones previstas a nivel territorial. Además, el Partido Popular ha decidido dar un paso más en su cruzada contra los ayuntamientos. Lo ha hecho asestando un nuevo golpe a la autonomía de las administraciones locales, poniendo trabas a los procesos de (re)municipalización de los servicios públicos que se están llevando a cabo desde distintos municipios del país. En este sentido, la Disposición Adicional 27 del borrador de los PGE recoge que las Administraciones “no podrán considerar como empleados públicos (…) a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (…) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio”.

Esta Disposición incluye también que en los supuestos en los que «en cumplimiento de una sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», el personal se incorpore a sociedades mercantiles públicas se contabilizará como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición. Dicha tasa de reposición es la limitación que disponen los ayuntamientos para contratar personal. Esta limitación viene impuesta desde hace casi diez años, desde el inicio de la crisis, y marca un número concreto y exacto de trabajadores que pueden contratar las administraciones.

De este modo, a pesar de que la interpretación literal de la disposición puede permitir a los municipios continuar con los procesos de municipalización, el Gobierno central constriñe la legalidad para poner más obstáculos de los ya existentes a dichos procesos de recuperación de servicios públicos. Así, el PP pretende torpedear, desde el ámbito estatal, aquello que se está consiguiendo desde los municipios, atentando contra la autonomía local e intentando imponer un modelo de gestión política frente a otras opciones democráticamente electas por la ciudadanía. En este sentido, se utiliza la limitación de contratación de personal para dificultar que los servicios se remunicipalicen o pasen a gestión directa. Por tanto, lo que el Gobierno disfraza de medida en materia de personal resulta ser una intromisión inconstitucional en la autonomía local que pretende hurtar a los ayuntamientos la capacidad de elegir el modo de gestión de los servicios públicos de entre los distintos modelos legalmente posibles.

Así, el Partido Popular, a través de estos presupuestos, pretende imponer la gestión indirecta y la privatización de los servicios públicos municipales, contrariamente a los derechos de la ciudadanía en general y las personas usuarias de estos servicio en particular, y en contra de los principios constitucionales de democratización y los rectores de la política social. Todos ellos se ven garantizados y potenciados con la gestión directa de los servicios públicos. Además, según el Informe de 2011 del Tribunal de Cuentas, el modelo de gestión indirecta resulta más caro y menos eficaz para las administraciones públicas que el basado en la gestión directa.