Moción de censura contra la resignación

La dirección de Podemos ha acusado al Partido Popular de ser una organización mafiosa tras los escándalos de corrupción revelados en los últimos días y rápidamente el revuelo se ha desatado en las tertulias televisivas. La misma dirección de Podemos ha planteado la necesidad de llevar a cabo una moción de censura que desplace al gobierno de Mariano Rajoy y ha encontrado una oposición feroz no sólo en las filas del Partido Popular, sino también en las filas del PSOE y de Ciudadanos, de empresarios, tertulianos y algunos periodistas.

Las escuchas telefónicas y los datos revelados de los últimos casos del Partido Popular desvelan no sólo que este partido ha organizado un saqueo sistemático de los recursos públicos para el beneficio privado, sino una cosa más importante, algo que ya conocíamos pero que nadie ponía encima de la mesa: que el PP ha utilizado su poder político para controlar el poder judicial y policial en su propio beneficio, para designar jueces y fiscales que impidan investigaciones contra su organización, que tienen el beneficio de funcionarios y policías que le proporcionan chivatazos si conocen que algún fiscal o juez honesto quiere emprender alguna acción. El entramado de relaciones de poder y de utilización de todos los mecanismos del estado para el beneficio privado de estos dirigentes hace necesario hablar en términos de mafia para comprender su dimensión. Tal es el escándalo que Esperanza Aguirre se ha visto obligada, por tercera vez, a montar otro teatro de dimisión que intente frenar la indignación popular y acote la responsabilidad a aquellos que han quedado al descubierto, tratando de parar la sangría y que no se desvele todo el entramado político/institucional constituido alrededor del conjunto del partido. En Cádiz no se ha producido aún ninguna dimisión, sin embargo, no hace tanto Aguirre hablaba de sus dos ranas y ahora se ha descubierto parte de la charca. Teófila Martínez se indignaba en el último pleno por una pancarta en la que ponía «PP corrupto» para justo después ir a un acto con Alfonso Candón, ex alcalde de El Puerto de Santa María y actual diputado nacional del Partido Popular, investigado por la gestión de la depuradora de El Puerto. Eso por no hablar de Cádiz Conecta o de las relaciones de su marido con la SICAV de Rodrigo Rato. Hay quien se cubre las espaldas mejor que otros, pero torres más altas han caído.

Esta forma de gobernar del PP pone de manifiesto que la cultura del cortijo y de señoritos, la cultura autoritaria y de profunda prepotencia, es la cultura heredada por el PP del régimen anterior. Eso sí, bajo un new look y todo un discurso renovado, con algunas vergonzosas excepciones. El hecho de que no haya existido en este país una ruptura con el régimen franquista ha permitido que esta cultura de gobierno, esta lógica de entramados entre intereses económicos y políticos, se perpetúe y permee a todos, también a medios de comunicación (que reciben millonarias subvenciones encubiertas bajo la forma de publicidad), al poder judicial, a la Monarquía, etc… Y hasta al PSOE que se adaptó al medio destacando como alumno aventajado. De ahí que el PSOE de Susana Díaz prefiera dejar gobernar a Rajoy, como lo prefirió antes de que todo esto saliera a la luz pública aunque fuera muy conocido ya en palacios y parlamentos. Y prefirió librar una batalla interna desangrante contra Pedro Sánchez apoyándose en el periódico El País. Ciudadanos es otra cosa, es la marca blanca del bipartidismo y ha venido a cerrar los huecos de unos y otras, prestando apoyo en Murcia, Madrid o Andalucía, para que todo siga igual. Y todo sigue igual. Eso sí, hay que reconocerle que lo hace con humor, con el cinismo que se destila en los sitios de moqueta roja, sin sonrojarse ni un poquito. Cada vez que hay un nuevo imputado, un nuevo encarcelado, Ciudadanos avisa que al próximo se va enfadar mucho. Y llega el próximo y la amenaza de enfado sube medio decibelio.

Sin embargo, lo importante no es sólo acabar con esta práctica de saqueo de lo público y de perversión democrática. Lo más importante es que además estos escándalos traslucen en un momento en el que todos los poderes económicos, políticos y mediáticos tratan de normalizar la pérdida de derechos sociales y laborales. Tratan de que el discurso de que no hay vuelta atrás, que los nuevos tipos de trabajos van a ser enormemente precarios, que se acabó la época de los derechos a cambio de tener un empleo, se acepte universalmente.

Sabiendo todo esto más de uno se pregunta si tiene sentido plantear la moción de censura al gobierno de Rajoy o al gobierno de Cifuentes, que se está debatiendo en la dirección madrileña de Podemos. La pregunta debería ser otra. ¿qué pasaría si nadie se atreviese a presentarla? Quizás habría más resignación, menos alternativa, menos dignidad. Defendamos un día que se debata y se vote una moción al PP, que todos se retraten. Algunos trabajan para extender la resignación y por eso está bien que algunos levanten la bandera del cambio, del Sí se Puede, aunque sea difícil, aunque quede camino. Y hace falta que para eso exista movilización destituyente, para echarlos y para anhelar un país con derechos.

Jesús Rodríguez es diputado por PODEMOS en el Parlamento Andaluz